La fiscalización de las redes financieras vinculadas a exmandos de la inteligencia militar en México confirmó un impacto patrimonial superior a los 500 millones de pesos en contratos públicos otorgados a empresas relacionadas con el entorno del general en retiro Audomaro Martínez Zapata. La auditoría, que abarca el periodo de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2018 y 2024, se cruza con las indagatorias por evasión fiscal en el sector de hidrocarburos y la dispersión de recursos ilícitos.
Paralelo a estos contratos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó registros contables que señalan al general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, por la recepción sistemática de 100,000 dólares mensuales durante los años 2023 y 2024. Los flujos financieros, bajo análisis en una corte federal de Nueva York, ligan estos pagos a la estructura operativa de la facción criminal de Los Chapitos.
El fenómeno del huachicol fiscal representa el segundo eje cuantitativo de la investigación gubernamental. A diferencia de la sustracción física en ductos, esta modalidad opera mediante la falsificación de pedimentos de importación y la alteración de volumen en aduanas para evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que genera pérdidas calculadas en decenas de miles de millones de pesos anuales para la hacienda pública.
Tras registrarse la entrega de Mérida Sánchez ante las autoridades aduaneras en Arizona, la Unidad de Inteligencia Financiera en México procedió al bloqueo inmediato de cuentas bancarias pertenecientes a exfuncionarios de la administración de Sinaloa. La medida precautoria responde a las solicitudes de asistencia jurídica internacional y busca congelar activos antes de que sean dispersados en el sistema financiero global.
Los registros mercantiles analizados indican que los 500 millones de pesos asignados bajo esquemas de adjudicación directa beneficiaron a firmas de seguridad privada y comercializadoras de combustible. Estas personas morales incrementaron sus activos de forma exponencial coincidiendo con el periodo en que Martínez Zapata controlaba la emisión de alertas estratégicas de seguridad nacional.
La distribución geográfica de las inconsistencias financieras sitúa los nodos principales en los estados de Sinaloa y Tabasco. En este último, las revisiones fiscales documentan que la falta de intervención ante las alertas emitidas sobre el grupo delictivo La Barredora coincidió con un incremento del 35% en las actividades de distribución de combustible no contabilizado en la región del Golfo.
La reactivación de estos expedientes en mayo de 2026 sitúa la responsabilidad jurídica en el ámbito de la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de consolidar las carpetas de investigación por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades correspondientes mantienen el estatus de presunción de inocencia para los implicados mientras no se dicten sentencias definitivas.
