La Cámara de Diputados se encuentra a la espera del documento oficial que modifica el calendario de la elección del Poder Judicial, una propuesta del Poder Ejecutivo que altera los plazos del proceso electoral federal. El marco normativo mexicano establece que cualquier modificación en materia electoral debe publicarse un mínimo de 90 días antes de que inicie el proceso formal en el mes de septiembre, lo que sitúa el límite legal en la última semana de mayo.
El diseño del itinerario legislativo contempla que la Comisión Permanente reciba el proyecto de ley para posteriormente turnarlo a la Cámara de Diputados como órgano de origen. Para lograr la aprobación de esta reforma constitucional se requiere una mayoría calificada de dos tercios en el pleno, un umbral que obligará a la apertura de un periodo de sesiones extraordinarias durante el presente mes.
El ajuste logístico central de la iniciativa plantea trasladar la jornada electoral judicial al año 2028, con el objetivo de hacerla coincidir con el ejercicio de revocación de mandato. Esta concentración de procesos busca optimizar los costos de organización y simplificar el uso de urnas para el electorado, evitando la saturación de jornadas de votación independientes en el corto plazo.
Los indicadores técnicos señalan que la infraestructura de impresión de boletas y la capacitación de funcionarios de casilla sufren modificaciones presupuestales con este esquema de aplazamiento. La integración de los comicios reduce la frecuencia de despliegue territorial de la autoridad electoral, concentrando el gasto operativo en un solo ejercicio fiscalizado.
El dictamen también abrirá la revisión de las cláusulas operativas vigentes en la legislación secundaria, específicamente los criterios de selección que sustituyen el uso de insaculaciones por evaluaciones técnicas directas. La introducción de comités de idoneidad curricular busca elevar el promedio académico mínimo y la experiencia comprobable de los aspirantes a juzgadores.
La Cámara revisora, que para este efecto será el Senado de la República, dispondrá de un margen de cinco días naturales para desahogar la minuta una vez que sea evacuada por los diputados. Posteriormente, el proyecto requerirá el aval de la mitad más uno de los congresos locales para que la declaratoria de reforma constitucional pueda ser promulgada por el Ejecutivo.
El calendario técnico electoral fija el cierre de sesiones extraordinarias antes del 31 de mayo para cumplir con la ventana de validez jurídica. El retraso en la entrega formal de la iniciativa reduce las jornadas de debate técnico en comisiones parlamentarias a un periodo estimado de 72 horas para su dictaminación final.
